La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres(UNGRD), en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, ha rehabilitado 25 jagüeyes en Uribia y 8 en Riohacha. Además ha entregado 220 carrotanques suministrando un total de 52.590.000 litros de agua potable a través de vehículos cisterna, en todo el departamento de La Guajira.
Así lo informó el subdirector de Conocimiento del Riesgo, Luis Carlos Barreto, quien participó en la mesa de seguimiento a los compromisos con el departamento de La Guajira y avances en el Plan de Acción Provisional en cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017.
Al evento convocado por la Consejería Presidencial para las Regiones, que se desarrolló en la Gobernación de La Guajira, asistieron las diferentes entidades del orden nacional que responden a las acciones establecidas en el Plan de Acción Provisional.
“Nosotros, como Unidad, en los diálogos sociales, en el marco de la sentencia establecimos unas metas ligadas al plan de acción provisional y otras de gestión propia de la UNGRD”, indicó Luis Carlos Barreto, subdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD.
Adicionalmente, como acciones propias de la UNGRD en el territorio, se proyectaron las plantas desalinizadoras en la Alta Guajira como respaldo a los pozos de agua existentes en esta región.
Con esto, la UNGRD demostró el compromiso con las comunidades más afectadas en esta región, en especial, los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, incluidos en la sentencia T302.
“Es importante retomar los puestos de mando unificados; existen unos temas que son del orden directivo que se hacen en Bogotá, pero la Unidad siempre tiene personal en territorio y ello serviría para realizar un trabajo articulado con otras entidades”, puntualizó Luis Carlos Barreto.
Es pertinente recordar que la Sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas nconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira.
Al evento convocado por la Consejería Presidencial para las Regiones, que se desarrolló en la Gobernación de La Guajira, asistieron las diferentes entidades del orden nacional que responden a las acciones establecidas en el Plan de Acción Provisional.
“Nosotros, como Unidad, en los diálogos sociales, en el marco de la sentencia establecimos unas metas ligadas al plan de acción provisional y otras de gestión propia de la UNGRD”, indicó Luis Carlos Barreto, subdirector de Conocimiento del Riesgo de la UNGRD.
Adicionalmente, como acciones propias de la UNGRD en el territorio, se proyectaron las plantas desalinizadoras en la Alta Guajira como respaldo a los pozos de agua existentes en esta región.
Con esto, la UNGRD demostró el compromiso con las comunidades más afectadas en esta región, en especial, los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, incluidos en la sentencia T302.
“Es importante retomar los puestos de mando unificados; existen unos temas que son del orden directivo que se hacen en Bogotá, pero la Unidad siempre tiene personal en territorio y ello serviría para realizar un trabajo articulado con otras entidades”, puntualizó Luis Carlos Barreto.
Es pertinente recordar que la Sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas nconstitucionales frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira.
En mayo de 2022, mediante el Auto 696 de 2022, la Corte Constitucional ordenó a las entidades nacionales y locales involucradas en la sentencia a crear un Plan Provisional de Acción con medidas concretas para garantizar los derechos de esta población.
Finalmente, mediante el Auto 1290 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento concluyó que el Plan presentado por el Gobierno no cumplió los objetivos y los parámetros ordenados en el Auto 696 de 2022 y ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones remitir un plan integrado y unificado en el que se evidencie una real articulación entre las entidades del orden nacional y territorial.
De esta manera, el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro cumple con las actividades planteadas en dicho plan, las cuales fueron construidas mediante un diálogo genuino con las comunidades afectadas.
Finalmente, mediante el Auto 1290 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento concluyó que el Plan presentado por el Gobierno no cumplió los objetivos y los parámetros ordenados en el Auto 696 de 2022 y ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones remitir un plan integrado y unificado en el que se evidencie una real articulación entre las entidades del orden nacional y territorial.
De esta manera, el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro cumple con las actividades planteadas en dicho plan, las cuales fueron construidas mediante un diálogo genuino con las comunidades afectadas.
